MOCIÓN
Gaspar Lloret Valenzuela portavoz del Grupo Municipal
Socialista del Ayuntamiento de La Vila Joiosa, al amparo de aquello establecido
por la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Local y el artículo 97.3 del Reglamento de
organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
presenta la siguiente moción al Pleno para su debate y aprobación
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Sistema Nacional de Salud, creado con la Ley General de
Sanidad de 1986, es una conquista de la sociedad española.
El modelo de sanidad creado a partir de entonces, ha basado
su desarrollo en los principios de universalidad, equidad, calidad, cohesión y
lucha frente a las desigualdades en salud, habiendo conseguido avances
sanitarios de gran magnitud que han situado a la sanidad española entre las
primeras del mundo desarrollado.
Una llave relevante que explica el enorme avance de nuestro
sistema sanitario público radica en su carácter de sistema ampliamente
descentralizado, que ha permitido a las comunidades autónomas desarrollar
servicios regionales de salud que han dado respuesta de manera satisfactoria a
las necesidades sanitarias de la población.
El Sistema Nacional de Salud español dispone de
profesionales sanitarios altamente calificados y sin su implicación e
involucración con los objetivos sanitarios no hubiera sido posible conseguir
los niveles de calidad conseguidos en la Sanidad durante estos años.
Muchas de las actividades de los servicios sanitarios han
encontrado en el ámbito municipal un espacio de colaboración y de cooperación
institucional con las autoridades sanitarias en actividades e iniciativas de
diversa índole que van desde la construcción y mantenimiento de centros
sanitarios, a la colaboración en programas preventivos, asistenciales o de
promoción de la salud.
Esta cooperación, desde los municipios, forma parte también
de los elementos que han permitido avanzar en relación a la salud de los
ciudadanos.
Los ciudadanos han apreciado el desarrollo del Sistema
Nacional de Salud y su capacidad de dar respuesta a sus necesidades
sociosanitarias; de hecho, la sanidad pública ha sido tradicionalmente el
servicio público mejor valorado por la ciudadanía.
La caída de ingresos en todas las administraciones, a causa
de la crisis económica, ha condicionado la adopción de medidas de control
del gasto y de austeridad que permitan
contribuir a la sostenibilidad económica de nuestra sanidad pública.
Entre 2010 y 2011, El Gobierno socialista adoptó, junto a
las comunidades autónomas, un paquete de acciones que permitieron rebajar de
manera importante los gastos sanitarios en ámbitos que no afectaran ni a la
calidad de las prestaciones ni los derechos de la ciudadanía.
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Fueron medidas de control de los gastos farmacéuticos, medidas de gestión
centralizada de compras, medidas de coordinación institucional y otros que
permitieron asegurar austeridad sin afectar derechos ni calidad.
No obstante, el acceso del PP al Gobierno de España ha
tenido como consecuencia la caída de la confianza de la población española
sobre la sanidad pública y la aparición de la sanidad como problema que
preocupa a la ciudadanía.
El Gobierno del Sr. Rajoy ha generado una enorme
preocupación social al afirmar que la sanidad española no es sostenible y
plantear una reforma del Sistema Nacional de Salud, que ha tocado elementos
esenciales del modelo al acabar con la universalización de la sanidad por razón
de ciudadanía y sustituirlo por un modelo de aseguramiento atado a la seguridad
social. Un modelo en que quien no esté incluido, deberá demostrar no disponer
de ingresos suficientes para adquirir la condición de asegurado.
La sanidad deja de ser pública, universal y gratuita para
todos los ciudadanos y se convierte en una sanidad solo para los asegurados y
la beneficencia.
Esta modificación retrotrae el sistema sanitario a un modelo
de aseguramiento semejante al vigente en los años setenta y principios de los
ochenta; antes de la aprobación de la Ley General de Sanidad, de 1986.
Se vuelve a una situación semejante al sistema insolidario
que existía en España en los años 70.
Junto a eso, la decisión de romper la cartera de
prestaciones con carteras complementarias, abre la lleva al copago de muchas prestaciones por las que hasta
ahora no hacía falta pagar.
Por primera vez, los pensionistas van a tener que pagar un
10% por los medicamentos que necesitan y
las personas en activo pagaran también, por lo menos, un 25% más que
ahora, pasando del 40% al 50% del precio.
Muchos ciudadanos que hasta ahora no debían pagar por el
transporte sanitario no urgente, ahora deberán pagarlo.
Y así, se abre la llave a nuevos copagos sanitarios con el
cambio normativo que el Gobierno ha realizado publicando el Real Decreto Ley
16/2002 lo que supone un auténtico “Decretazo” aprobado unilateralmente sin
diálogo ni consenso.
Asimismo, el Gobierno Valenciano, después de la reunión del
Consejo del 27 de abril de 2012, anunció la posibilidad de la privatización de
la gestión de los centros sanitarios de la Comunidad Valenciana, lo cual es un
cambio de modelo de nuestra Sanidad y por lo tanto con graves repercusiones, tanto sobre los
trabajadores como sobre los ciudadanos, como usuarios del Sistema Sanitario
Público; modelo que hasta ahora era universal y equitativo.
El sistema nacional de salud puede ser sostenible sin
realizar recortes en las prestaciones, sin menguar la calidad y sin implantar
el copago sanitario.
Una sanidad pública de calidad es un bien irrenunciable y
una política fundamental para la
equidad y la cohesión
Por todo lo expuesto anteriormente, se propone al Pleno la
adopción de los siguientes:
ACUERDOS
1. Solicitar la derogación del Real Decreto Ley
16/2012, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema
Nacional de Salud, y mejorar la calidad
y seguridad de sus prestaciones.
2. Instar al Gobierno a dialogar con las fuerzas
políticas, agentes sociales, comunidades autónomas y Federación Española de
Municipios por conseguir un gran acuerdo que permita garantizar la
sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud manteniendo los principios
establecidos en la Ley General de Sanidad de 1986.
La Vila Joiosa, 3 de
julio de 2012